Prensa Latina – México
El Día – México
1-12-83

Argentina: Limpiar “los servicios”, antes que amenazar a la ciudadanía.

Las desafortunadas expresiones del próximo ministro del Interior, doctor Antonio Tróccoli, que incluyeron amenazas contra la presunta futura actuación de lo que designó como “extrema izquierda”, tiene como petición de principio la exigencia de que caracterice apropiada y específicamente a esa ambigua orientación ideológico-política, máxime si le consta, sin haber llegado aún a su alta función pública junto al presidente constitucional Raúl Alfonsín, que aquélla se va a unir “tácticamente” con 105 grupos extremistas de derecha “para perturbar, interferir y desestabilizar” al nuevo gobierno.

Se trata de una afirmación cuya gravedad inocultable demanda todas las precisiones de una denuncia formal y responsable. Lo contrario equivaldría a recurrir a las antiguas artimañas de la desinformación y la mentira abierta o solapada en la que han hozado durante décadas los llamados “servicios de inteligencia” de las fuerzas armadas y de las múltiples policías y organismos de “seguridad del Estado” en Argentina. Si al doctor Tróccoli tiene ya información y pruebas de lo que tácitamente unificó como un haz de conjura entre las izquierda y derecha extremistas, el terrorismo, la pornografía y la droga, su deber, ya mismo, es proporcionar esas pruebas a la justicia para que proceda sin demora contra los complotistas.

Llamarse a silencio después de este desparramo de heces con ventilador, supone de entrada repetir el vituperable juego del que resultaron víctimas pueblo y gobiernos de Argentina en las décadas recientes. Presento como primer testigo de cargo contra esta y clase de juegos de ambigüedades y patrañas a la propia Unión Cívica Radical (UCR), cuyo gobierno, personificado en el doctor Arturo U. Illia fue desestabilizado por la mafia sindical, los militares, los curas y ciertas corporaciones transnacionales en 1966. Mediante esos juegos caballeros de industria y “genios” del periodismo como Jacobo Timerman, en el curso de seis meses, como le consta al doctor Tróccoli, convirtieron a uno de los gobiernos constitucionales más honestos y progresistas de la historia nacional en algo digno de lástima y de risa. La conversión de la imagen hizo posible el vil cuartelazo del general Juan Carlos Ongania, con las consecuencias que se siguen padeciendo hasta el día de hoy.

Puedo presentarme también a mí mismo como testigo de cargo. Durante varios meses, a continuación de ese cuartelazo, investigué los orígenes verdaderos de ese cuartelazo, así como los modos y tretas que utilizaron, para propinarlo, sus principales protagonistas. El resultado de esa investigación se publicó, también durante meses, con el título “El golpe contra Illia”, en la única publicación que en los años 1966 a 1971 hizo oposición frontal a los regímenes militares de Ongania, Levingston y Lanusse: se llamaba Inédito y la financiaba el Comité de la Provincia de la UCR, con la discreta dirección del hoy presidente de la Nación, doctor Raúl Alfonsín. Inédito dejó de publicarse precisamente cuando el doctor Alfonsín perdió, en las elecciones internas del radica1ismo, la conducción de esa parcela partidaria provincial; el sector que se le oponía, del caudillo García Puente, negó toda nueva subvención a la revista y ésta feneció de muerte no natural.

Puedo presentarme como testigo porque esa serie y muchas otras crónicas sobre el régimen de quien derrocó a Illia integraren dos tomos titulados El Onganiato (Samonta Editor, Buenos Aires, 1973) y los ejemplares residuales fueron incinerados por el régimen bestial de Videla y Viola al que insistimos en seguir caracterizando como El septenio infame de la guerra sucia. Otros ejemplares fueron a dar al llamado “Museo de la Subversión” que aún funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo, a pesar de que esos libros eran una exaltación del gobierno constitucional de Illia y al propio tiempo una constante execración de los verdaderos subvertidores del orden, la paz y la convivencia nacional: los militares.

Puedo presentarme, otra vez, como testigo, en un episodio en el que el propio doctor Tróccoli intervino en favor de mi libertad, en su condición de diputado nacional. En la segunda quincena de febrero de 1976, al regreso de un viaje al Perú, viaje de terapia recomendado por mi cardiólogo, agentes del Servicio de Informaciones de Estado (SIDE), el organismo de “inteligencia” dependiente del Ministerio del Interior, dispusieron mi “demora” en una celda de la prisión que funciona en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Me hicieron creer que en otras celdas “en algún otro lugar” estaban igualmente presas mi esposa y una hija mía menor de edad. Ezeiza, reténgase el dato, era entonces la zona en la que aparecían desde un año antes, acribillados a balazos, los cuerpos víctimados por organizaciones terroristas semioficiales como la “Triple A” o de los “servicios de inteligencia” militares y policiales que hacían sus ensayos de la que iba a ser poco después la “Guerra Sucia”.

Se me mantuvo incomunicado durante unas dieciocho horas, sin proporcionarme agua ni alimento alguno. No se me tocó un pelo, pero el juego sádico de hacerme suponer que habían sido “desaparecidos” mi esposa y mi hija fue peor que la tortura física. Después, durante una hora, se me sometió a un interrogatorio vejaminoso y humillante, que en verdad sólo se proponía -incluido el juego del policía bueno y el policía malo- hacerme “cantar” si en verdad mi viaje a Lima no había sido sólo una escala hacia La Habana. Sin necesidad de recurrir a mi prisión y al castigo psicológico de la incomunicación, ni a la sádica treta sobre “lo que hacemos en los bosques de Eseisa”, desde el comienzo y/en menos de cinco minutos de plática habrían obtenido la misma respuesta negativa lograda después de su “hábil interrogatorio”, a cuyo término los policías a modo de intimidación disuasiva hicieron una marca en el pasaporte, de cierta connotación siniestra. Mi ilegal prisión no llegó a las 24 horas, y sólo al notificárseme mi libertad se me dijo que mi esposa y mi hija no habían sido detenidas en momento alguno. Al día siguiente me informa de que, entre los muchos que se preocuparon por mi situación y demandaron mi libertad -incluso desde México y Estados Unidos- estuvo el diputado Antonio Tróccoli, hoy ministro del Interior del inminente gobierno de Raúl Alfonsín.

Estos recuerdos tienen ahora vigencia en relación con las declaraciones reproducidas en nuestra crónica de ayer sobre los anuncios hechos por el citado futuro ministro, porque entiendo que hoy más que nunca importa ser claros y precisos en materia de lenguaje de política y de ideología, no menos que de programas de acción y de gobierno. Las anfibologías, ambigüedades, alusiones y medias tintas deben ser de una vez y para siempre desterradas del lenguaje oficial. No basta con que se anuncien modificaciones semánticas como esa de trocar “represión” por “prevención”, si al propio tiempo no se extirpan de raíz todos los instrumentos y herramientas militares y policíacas que dieron tan trágica fama a la Argentina de “El Septenio Infame”. No podrá haber limpieza verdadera, ni cambio posible, especialmente en la moral pública, si no se comienza con la erradicación de los vicios, torcimientos, modos y expresiones criminales, ilegales y anticonstitucionales típicos de los años militares y policiales. Lo cual bien podría llevarnos a ejemplos instaurados a partir del 6 de septiembre de 1930, fecha en la que -y no es tampoco casual- fue derrocado por militares el gobierno constitucional de la UCR presidido por Hipólito Yrigoyen.

Tengo en lo personal, como una buena parte de la ciudadanía argentina, sobradas razones para desconfiar de quienes azuzan fantasmas improbables en lugar de aplicarse a la denuncia -y al compromiso de lucha- contra los reales factores del desastre y el infortunio nacionales. Me molestarían menos los jovencitos rocanrroleros que quizás fuman mariguana, o los adolescentes que pudieran sentirse atraídos por revistas pornográficas, todos ellos pasibles de cambio por educación, que no los irremediables torturadores y asesinos, sádicos y “desaparecedores” que puedan permanecer en los cuadros de oficiales, suboficiales o simples agentes de las fuerzas armadas y de seguridad, so capa de que siguen siendo necesarios para combatir la “subversión” y el “terrorismo”.

Porque no hay peores terroristas y subvertidores del orden democrático y violadores de las leyes e instituciones republicanas, que toda esa hez uniformada o de civil que estuvo al servicio de los siete peores y más envilecidos años de la historia argentina. Bueno sería que el doctor Tróccoli comenzara a hacer a limpieza y claridad en esa dirección…

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